En esta oportunidad analizamos el Procedo De Determinación De Oficio (Cr.Enrique M. Gimenez – Cr. Carlos E.Spina – Cr. Ruben A. Scaletta – Dra. Maria Clarisa Scaletta)

En el Sistema Tributario Argentino, es claro el mandato de la Ley Procedimiental de Rito cuando establece como regla general la autoliquidación de los tributos, siendo entonces el obligado a realizarla, el responsable de determinar el mismo.

Ahora bien, la excepción a la regla de la autoliquidación, es la determinación de oficio, siendo el Fisco Nacional quien está facultado a realizar la misma.

La determinación de oficio está reglada por el artículo 16 de la LPT y procede en las siguientes circunstancias:

-Cuando no se hayan presentado declaraciones juradas.

-Cuando se hayan presentado pero resulten impugnables.

Dada estas circunstancias, la AFIP procederá a determinar de oficio la materia imponible o el quebranto impositivo, y liquidar el gravamen sobre base cierta, sobre base presunta, o bien, existe la posibilidad de realizarla sobre base mixta (cierta y presunta).

Para la procedencia de la misma, el Ente Recaudador, deberá acreditar la falta de presentación o impugnar la declaración jurada presentada.

Cabe destacar que la presentación de una declaración jurada durante el desarrollo la fiscalización implica, prácticamente, el reconocimiento (allanamiento a las pretensiones del Fisco) del ajuste practicado, lo que a su vez, implicará una imposibilidad de un adecuado ejercicio del derecho de defensa, y consecuencia de ello resulta la aplicación de las sanciones que de ella se deriven.

Escapa a nuestros objetivos un análisis pormenorizado del tema, pero debe tenerse presente que la determinación de oficio sobre base presunta, se deben tomar en consideración determinados indicios o bien presunciones que la propia Ley de Procedimiento Tributario establece en el artículo 18, el artículo sin número a continuación del artículo 18, así como también el artículo sin número a continuación del artículo sin número a continuación del artículo 18 (está bien redactado...es nuestra legislación) , y cabe agregar, que dicho procedimiento, no es de uso discrecional sino especialísimo por parte del Fisco.

Por su lado, el sistema mixto se basa en información suministrada por el propio contribuyente, aunque carente de documentación, como por ejemplo la posible discrepancia entre las ventas declaradas en el impuesto al valor agregado y en el impuesto a las ganancias.

Cabe mencionar que conforme al artículo 14 de la LPT, cuando se computen contra el impuesto determinado, conceptos o importes improcedentes, tales como retenciones, pagos a cuenta, acreditaciones de saldos a favor propios o de terceros o el saldo a favor de la AFIP se cancele o se difiera impropiamente (certificados de cancelación de deuda falsos, regímenes promocionales incumplidos, caducos o inexistentes, cheques sin fondos, etc.), no procederá para su impugnación el procedimiento de determinación de oficio, bastando la simple intimación de pago.

En definitiva determinar el impuesto, por parte del Fisco, implica la determinación de oficio que es un concepto distinto a determinar el impuesto a pagar.

ESQUEMA

Se inicia corriéndole vista al contribuyente o responsable, la que debe contener:

-Impugnaciones o cargos.

-Detalle fundado de los mismos.

-Normas aplicables para la defensa.

-Las sanciones que pretendan imputarle.

La vista debe contener los requisitos del acto administrativo, que están contemplados en el artículo 7 de la Ley De Procedimientos Administrativos.

El contribuyente tiene 15 días hábiles para contestarla, prorrogable por otro plazo igual. El Juez Administrativo puede negarse, mediante resolución fundada a otorgar la prórroga.

La doctrina se manifiesta encontrada con la posibilidad de recurrir esta negativa, con las siguientes posiciones:

-No es recurrible.

-Es susceptible de impugnación por recurso de revisión.

-Es recurrible por Recurso de Reconsideración, si se denegara quedaría expedito el Recurso de Apelación ante el Director General o el Recurso Jerárquico.

El contribuyente durante dicho plazo debe efectuar por escrito su descargo y ofrecer todas las pruebas que hagan a su derecho.

Dado que la normativa aplicable no menciona los tipos de prueba admitidos, doctrinaria y jurisprudencialmente se ha adoptado un criterio amplio de recepción de las mismas, siendo que únicamente no serán aceptadas aquellas que fueren manifiestamente improcedentes, superfluas o meramente dilatorias.

Las mismas pueden ser:

En el momento de contestar la vista se ofrecerán y acompañaran las pruebas y el Juez Administrativo deberá notificar a las partes las pruebas admitidas y las fechas de audiencias, ordenando su producción en el término de 30 días, prorrogable por un lapso igual y por única vez.

De rechazarse o no admitirse la prueba, el Juez Administrativo debe en la resolución que emita, dar el fundamento suficiente de su accionar.

Si el contribuyente no produce la prueba, el Juez podrá dictar resolución en la que prescinde de estas.

Evacuada la vista o transcurrido el término señalado, el juez administrativo dictará resolución fundada determinando el tributo e intimando el pago dentro del plazo de 15 días y dicho acto se expedirá sobre las objeciones u observaciones sobre las pruebas producidas y fundamentar las razones por aquellas a la que no se hizo lugar.

La resolución debe contener:

Si no se hace mención a estas últimas, implica que se decidió no aplicar sanción, no pudiendo aplicarse con posterioridad.

No será necesario dictar resolución determinando de oficio la obligación tributaria si -antes de ese acto- prestase el responsable su conformidad con las impugnaciones o cargos formulados, la que surtirá entonces los efectos de una declaración jurada para el responsable y de una determinación de oficio para el Fisco.

CADUCIDAD

Si transcurridos 90 días hábiles de la contestación de la Vista o vencido el plazo de 15 días concedidos para contestarla el Juez Administrativo no dicta la respectiva resolución, el contribuyente está facultado a pedir un pronto despacho.

Si transcurrido otros 30 días hábiles desde la presentación del escrito solicitando pronto despacho, no se dicta la resolución, se produce la caducidad, aunque la AFIP puede, por única vez, iniciar un nuevo procedimiento debiendo para ello solicitar autorización al Director General, con los fundamentos respectivos.

Ahora bien, vale realizar la siguiente acotación, todo lo actuado por la Administración Federal de Ingresos Públicos será válido para utilizar en la nueva actuación que se inicie.